Para el parlamentario Jaime Delgado, la renovación del contrato de concesión del servicio de telefonía móvil a Telefónica está sujeta a una evaluación, porque los contratos que tiene esa empresa vigente con el Estado peruano no contemplan ninguna cláusula que se le señale que pueda ser o no renovado. “No existe un tope que determine esto en el contrato, por lo que entonces en teoría el Estado no tiene ninguna obligación de renovarle el contrato de concesión a Telefónica. El mensaje es muy claro en ese sentido, que no se tiene por qué renovarle obligatoriamente”, señaló a La República.

Recordó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha venido solicitando informes técnicos y legales respecto de la expectativa que tiene Telefónica de continuar el proceso de negociación para la renovación, porque una cosa es que se le renueve o no y otra es el proceso de solicitud de renovación. “Sea Telefónica o no, supongo que el MTC ya debe tener una lista de situaciones de expectativas respecto a las obligaciones del operador. Pero la pregunta va por el lado de si el operador estaría de acuerdo o no de aceptar esas condiciones”, apuntó.

Respecto de las obligaciones de un nuevo operador, Delgado señala que es importante recordar que el Estado tendría que poner algunas reglas para evitar que se sigan dando situaciones de ventaja como la posición de dominio en el mercado. “Luego entraríamos a ver lo que significan las obligaciones que debería tener la empresa como contribución a dicha concesión, es decir, me refiero particularmente al espectro (radioeléctrico) que según una valorización hecha por el Osiptel es de alrededor de US$ 800 millones”, explicó. Añadió que otras condiciones serían asegurar la calidad de cobertura, mejorar los estándares en calidad de los servicios y el comportamiento frente a su mercado.